Columna Radio Córdoba, 26-11-2012
La anunciada subida de las tasas judiciales representa un
ejemplo flagrante de cómo la gestión de la crisis económica se está realizando
a costa de las que habíamos considerado conquistas irrenunciables de los
Estados democráticos. Con dicha medida,
cuya constitucionalidad es más que dudosa, se pone en peligro la efectiva
protección de nuestros derechos o, mejor dicho, se establece una doble
categoría de ciudadanos en función de nuestra capacidad económica.
Estamos asistiendo al progresivo derrumbe de los principios
esenciales de un Estado de Derecho – el control del poder y las garantías de
los derechos -, los cuales se convierten en gaseosos ante la solidez de los
intereses económicos de unos pocos. La terrible consecuencia de esta perversión
es el imparable aumento de las desigualdades así como de la vulnerabilidad de
los más débiles.
De esta forma, no sólo se está traicionando el espíritu y la
letra del constitucionalismo sino que también se alimenta la indecencia de unas
sociedades condenadas a borrar de su vocabulario conceptos como solidaridad,
igualdad material o justicia social. Un
pozo cada vez más hondo del que sólo saldremos si los ciudadanos dejamos atrás
el cinismo y el miedo y nos convertimos en sujetos activos de una revolución
que comience pasando por la guillotina la aristocracia del dinero.
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